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El reclamo contra la quita de la Zona Fría unió al peronismo en el Congreso: fuerte presencia de intendentes bonaerenses

Jefes comunales, legisladores nacionales y dirigentes participaron de una jornada en el Senado para rechazar la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Advirtieron sobre el impacto en más de un millón de bonaerenses.

La defensa del régimen ampliado de Zona Fría reunió este martes a gran parte del peronismo en el Senado de la Nación. Intendentes bonaerenses, legisladores nacionales y provinciales del kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezado por Axel Kicillof, participaron de una jornada en el Congreso para manifestar su rechazo a la eliminación del beneficio impulsada por el gobierno de Javier Milei, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

La actividad se desarrolló en medio de intensas gestiones para intentar frenar el avance del proyecto en la Cámara alta. Con el tiempo en contra, la oposición busca reunir los votos necesarios para impedir la eliminación o reducción de un régimen que alcanza a usuarios de distintas regiones del país, entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron las senadoras y diputadas nacionales Juliana Di Tullio, Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca, Agustina Propato y Jimena López. También estuvieron presentes el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el diputado Hugo Moyano (h), junto a otros referentes del espacio.

La representación bonaerense estuvo encabezada por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, uno de los principales impulsores de la campaña para sostener el régimen. “Lamentablemente, en lugar de estar proyectando nuevas conquistas para la provincia y el país, nos estamos reuniendo para defender derechos ya adquiridos. Yo a este proyecto lo llamo el ‘proyecto del frío y del hambre’”, sostuvo Barrera, al advertir sobre el impacto que tendría la medida en las facturas de gas.

También participaron los intendentes Juan Manuel Cerezo (Las Heras), Ariel Succurro (Salliqueló), Cecilio Salazar (San Pedro), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Pablo Garate (Tres Arroyos) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), entre otros jefes comunales. A ellos se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, el diputado provincial Mariano Cascallares y legisladores de ambas cámaras de la provincia.

Durante el plenario, Juliana Di Tullio advirtió que el debate en el Senado será complejo y remarcó la necesidad de profundizar las negociaciones para reunir los apoyos necesarios que permitan frenar la reforma. Según trascendió, la senadora señaló que la discusión en la Cámara alta será ajustada y que la oposición deberá construir consensos para bloquear el avance de la iniciativa. “Vamos a hacer todo lo posible para que esta ley no salga”, afirmó por su parte Wado de Pedro.

En la jornada también tomaron la palabra varios de los intendentes presentes, entre ellos Barrera, Cerezo, Succurro, Salazar, Wesner y Sombra, quienes coincidieron en señalar las consecuencias que tendría la medida sobre las economías regionales, los comercios y los hogares de sus distritos.

Otra de las expositoras fue la exdiputada nacional Liliana Schwindt, una de las impulsoras de la ampliación del régimen en 2021. “Esto se construyó con militancia, con organizaciones de defensa del consumidor y con las OMIC de los 90 municipios incorporados al beneficio. Hay mucha gente comprometida y atenta a esta discusión”, expresó.

Schwindt también rechazó que el régimen sea considerado un subsidio. “La Zona Fría no es un subsidio, sino una tarifa diferencial que se financiaba con un fondo fiduciario superavitario. No derogan toda la ley porque se quedan con ese fondo. Vamos a seguir pagando para no recibir nada”, cuestionó.

La actividad se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el peronismo para sostener el régimen de Zona Fría y evitar que prosperen los cambios aprobados por Diputados. Según advierten sus impulsores, la modificación podría dejar sin el beneficio a más de un millón de bonaerenses.

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