El fuero contencioso administrativo federal emitió un fallo de gran relevancia institucional mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave del decreto presidencial que había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial, firmada por el juez Martín Cormick, establece que el Poder Ejecutivo debe instrumentar de manera inmediata los mecanismos necesarios para dar cumplimiento efectivo a la legislación vigente.
La medida responde a una serie de presentaciones de amparo colectivo impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, objetando las trabas administrativas impuestas para destrabar los fondos. El magistrado entendió que, una vez que el Congreso insistió con la norma tras el veto presidencial reuniendo las mayorías constitucionales, el Gobierno carecía de facultades para condicionar su aplicación a la reasignación previa de recursos.
El fallo remarca que la cláusula vinculada a la Ley de Administración Financiera funcionó en la práctica como un mecanismo dilatorio para frenar erogaciones destinadas a sostener salarios docentes, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento operativo.
Asimismo, la sentencia recuerda que el impacto fiscal de la ley representa una proporción menor del Producto Bruto Interno, desestimando los argumentos esgrimidos por la administración central sobre el peligro inminente al equilibrio fiscal.
Esta decisión judicial representa un nuevo revés para la estrategia presupuestaria del oficialismo y alimenta el debate político en la antesala de las próximas movilizaciones convocadas por la comunidad académica. Mientras los equipos jurídicos del Estado preparan las apelaciones correspondientes, la controversia por el financiamiento de las casas de altos estudios continúa tensionando la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario.